Reglamento es de aplicación obligatoria a personas o empresas que generen residuos en actividades de construcción o demolición.
- Autoridades podrán clausurar una obra de manera inmediata, aplicar multas económicas o responsabilidad legal, si se demuestra que los residuos generan daños ambientales o a la salud.
12 de junio, 2025. En el marco del Mes del Ambiente, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) hace un llamado enfático a empresas, profesionales y trabajadores del sector a intensificar sus esfuerzos en el manejo responsable de los residuos de construcción y demolición, de cara a la entrada en vigencia del nuevo reglamento ambiental en julio de 2025.
Las amenazas climáticas llevan a la necesidad de reforzar las estrategias medioambientales en Costa Rica, incluyendo la mejora en infraestructura y planificación urbana y el manejo de los residuos del sector.
“El impacto ambiental de una obra no se mide solo por el resultado final, sino por cómo se planifica, se diseña y se construye. Hoy más que nunca, el país necesita una industria comprometida con la eficiencia, el cumplimiento regulatorio y la protección del entorno”, afirmó Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC.
Este reglamento será de cumplimiento obligatorio para todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos en actividades de construcción o demolición, establece controles y obligaciones claras. Su objetivo principal es prevenir la contaminación ambiental y garantizar la salud pública, promoviendo el reciclaje, la reutilización y una correcta disposición de los desechos.
Entre las disposiciones del reglamento destacan:
- Clasificación en sitio y manejo diferenciado de residuos reutilizables o reciclables como concreto, metales, madera y vidrio.
- Bitácoras digitales obligatorias con el registro de los tipos, volúmenes y destino de los residuos.
- Reportes trimestrales y finales mediante la Ventanilla Única de Inversión (VUI). • Supervisión de cumplimiento por parte del Ministerio de Salud y las municipalidades durante cualquier etapa de la obra.
Además, se distinguen dos categorías de generadores: los mayores, con obras superiores a los 300 m², y los menores, con obras por debajo de esa superficie. Ambos deben cumplir con los principios de trazabilidad, legalidad y corresponsabilidad, trabajando de la mano con gestores autorizados.
“Desde la Cámara realizamos importantes esfuerzos para que este reglamento no solo se conozca, sino que se implemente correctamente. Durante los meses de febrero y mayo capacitamos a más de 70 profesionales del sector y actualmente evaluamos una tercera sesión para ampliar aún más el alcance. Nuestro objetivo es que cada obra, sin importar su tamaño, tenga las herramientas para cumplir y aportar a una construcción responsable”, afirmó Murillo.
Ante el incumplimiento, algunas de las sanciones incluyen:
- La suspensión temporal de la obra, de no cumplirse los requisitos de gestión de residuos.
- La clausura inmediata al detectarse riesgos graves para la salud pública o el ambiente.
- Multas económicas, según el tipo de infracción, pueden clasificarse como leves, graves o gravísimas.
- Responsabilidad legal si se demuestra que los residuos generan daños ambientales o a la salud.
Buenas prácticas que construyen futuro.
Durante este Mes del Ambiente, la CCC impulsa una serie de buenas prácticas aplicables a obras de toda escala:
- Separación adecuada de materiales en el sitio de trabajo.
- Almacenamiento seguro en contenedores señalizados para evitar dispersión. • Contratación de gestores certificados que den un destino legal a los residuos. • Capacitación constante del personal sobre normativas y prácticas sostenibles. • Elaboración de planes de manejo específicos para cada obra.
“Gestionar los residuos con responsabilidad no solo es un compromiso ambiental, es una ventaja competitiva. Reduce costos, mejora la eficiencia y proyecta una imagen profesional del sector”, añadió Murillo.
La CCC reafirma su compromiso con una construcción más limpia, eficiente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, recuerda que la gestión y disposición final de los residuos debe formar parte de una política estatal más amplia, orientada hacia la sensibilización y educación de la población, con el objetivo de modificar hábitos y establecer incentivos adecuados, como la revalorización, incorporación en cadenas de economía circular y contar con un mercado abierto para la comercialización de residuos.