Desde la CCC brindamos un activo seguimiento a la agenda de la Asamblea Legislativa, en especial de las iniciativas que tienen un impacto sobre el sector de la construcción y la actividad empresarial.
Actualmente se monitorean 110 proyectos de ley que se tramitan y discuten en comisiones legislativas y el Plenario. Nuestras acciones incluyen una revisión semanal de avances, emisión de criterios, revisión de mociones, participación en comisiones y conversaciones directa con los Diputados y sus asesores, cuando los casos lo ameriten.
Durante el último mes hemos realizado alertas sobre el expediente N°. 24.215, denominado Reforma al inciso e) del artículo 2 y adición de un nuevo inciso k) al artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986, de 21 de mayo de 2021, que busca excluir de la normativa de contratación pública, a todos los sujetos de Derecho Internacional Público, como es el caso de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Lo anterior significa que, a estos sujetos no se les aplicaría los procedimientos concursales, régimen de prohibiciones ni los principios legales de la contratación pública y podrían ser “contratados a dedo”, sin la existencia de un procedimiento de licitación, en donde exista una libre participación de oferentes y la selección de la mejor oferta para la Administración. Desde la CCC hemos manifestado, que apoyamos la intención del proyecto de establecer procedimientos más expeditos para la Cruz Roja Costarricense, como sujeto de derecho humanitario, no obstante, reprochamos la intención de la propuesta de generar estas exclusiones en materia de obra pública que buscan la evasión de los procedimientos y principios de contratación pública.
El otro proyecto sobre el cual hemos elevado nuestras alarmas es el expediente N°. 23.719, denominado Ley para la promoción de la economía de los cuidados y el fortalecimiento de los servicios de cuidado, atención a la dependencia y apoyos para la autonomía personal. Este texto propone, dentro de varias reformas, reducciones significativas a los recursos que actualmente se destinan al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) que buscan garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a miles de familias. En este sentido, la propuesta disminuye en 5 puntos porcentuales (casi un 30%) los recursos que hoy se dirigen al Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), fondo que financia el programa de Bono familiar de vivienda y también elimina los recursos del impuesto de la Ley N° 8683 (Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda), que están dirigidos principalmente al financiamiento del bono colectivo. Hemos advertido a los señores Diputados que los recortes presupuestarios propuestos por este proyecto de ley tendrían un impacto absolutamente negativo sobre el sector de la construcción y la generación de actividad económica y empleo.
