Desde 2023, el Ministerio de Salud ha manifestado su interés en implementar una nueva normativa para regular los residuos de construcción y demolición. Ante esta iniciativa, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), representando al sector formal, solicitó un espacio para dialogar y analizar la pertinencia y necesidad de esta regulación. Sin embargo, no fue sino hasta julio de 2024 que el borrador de la normativa fue publicado para consulta pública a través del portal SICOPRE.
La CCC ha enviado múltiples escritos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y a la Vicepresidencia de la República, donde ha expresado profundas preocupaciones y comentarios críticos sobre la propuesta. La gestión y disposición final de los residuos no es un asunto que concierne únicamente a un sector, sino que debe formar parte de una política estatal más amplia, orientada hacia la sensibilización y educación de la población, con el objetivo de modificar hábitos y establecer incentivos adecuados, como la revalorización y comercialización de residuos.
Además, la CCC ha destacado que las políticas y normativas deben fomentar el desarrollo económico dentro de un marco de protección ambiental, bienestar social y competitividad nacional. En este contexto, la propuesta actual presenta deficiencias al introducir trámites innecesarios, duplicar funciones y potencialmente restringir actividades críticas para la economía del país. Por ello, se ha realizado un llamamiento firme a los líderes gubernamentales para que replanteen la propuesta de manera más coordinada e integrada dentro del Poder Ejecutivo, asegurando que no se impongan restricciones injustificadas o desproporcionadas que puedan afectar la viabilidad de las actividades productivas esenciales.
Hasta la fecha, la CCC se encuentra a la espera de una respuesta a las observaciones y comentarios presentados durante el período de consulta pública, manteniendo su compromiso de trabajar para garantizar que cualquier nueva regulación beneficie de manera equitativa a todos los sectores involucrados y contribuya efectivamente a los objetivos de desarrollo sostenible del país.
