Por: Mario Hidalgo Matlock – Socio Líder de Impuestos de Grant Thornton

El sector de la construcción ha sido históricamente un componente estratégico de la economía costarricense, por su capacidad para generar empleo y por el encadenamiento que genera con servicios profesionales, proveedores de materiales y entidades financieras.

Para el empresariado, su desempeño no solo refleja actividad productiva inmediata, sino también la confianza a mediano y largo plazo en el entorno de negocios del país.

La caída reciente en su participación en el PIB y el estancamiento de la inversión en obra pública emiten señales de alerta sobre la sostenibilidad de esa confianza y sobre la capacidad del sector para apoyar la reactivación económica, lo que exige decisiones gerenciales más prudentes y mejor informadas.

Desde la perspectiva tributaria, estos desafíos se agravan. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) incrementa el costo de la mayoría de los insumos y servicios asociados a la construcción, desde materiales como cemento y acero hasta servicios especializados de ingeniería y arquitectura. Aunque existe un tratamiento diferenciado para ciertos proyectos, como los de vivienda de interés social, la regla general implica una carga del 13% que se incorpora a la estructura financiera de cada proyecto y, en última instancia, a sus precios de venta.

En un entorno de tasas de interés elevadas y costos de financiamiento crecientes, este componente fiscal puede hacer que proyectos con márgenes ajustados dejen de ser atractivos y que las decisiones de inversión se pospongan.

En este escenario, resulta clave que las empresas incorporen análisis de sensibilidad tributaria en sus modelos financieros, revisen periódicamente sus presupuestos de obra ante cambios normativos y, cuando sea viable, estructuren proyectos bajo figuras que les permitan aprovechar los tratamientos diferenciados previstos en la legislación. A ello se suma la presión del impuesto sobre las utilidades en las desarrolladoras, contratistas y subcontratistas.

La formalización integral de la cadena de valor exige a las empresas contar con un sistema contable sólido y un respaldo documental riguroso de costos y gastos deducibles, incluidos subcontratos, alquiler de maquinaria, viáticos y otros rubros recurrentes. Una fiscalización más intensiva, aunque necesaria para combatir la evasión, incrementa las contingencias para quienes no han actualizado sus procesos internos, matrices de riesgo y esquemas contractuales.

En este contexto, es recomendable que las empresas revisen sus políticas contables y contractuales con asesoría especializada, fortalezcan sus controles internos, capaciten de forma continua a sus equipos administrativos y documenten criterios tributarios relevantes mediante opiniones técnicas o consultas previas cuando sea posible, a fin de reducir la exposición a ajustes futuros.

El componente local tampoco es menor. El diseño y la aplicación de tributos municipales —patentes, permisos de construcción y tributos sobre bienes inmuebles— inciden directamente en la rentabilidad esperada de los proyectos.

Cuando los planes reguladores se actualizan de forma lenta o de manera dispar entre cantones, y se añaden cobros por impacto vial, por disponibilidad de agua u otras cargas parafiscales, la estructura de costos resulta difícil de anticipar en la etapa previa a la inversión. Esto desincentiva la planificación a largo plazo y puede impulsar proyectos hacia jurisdicciones con menor carga regulatoria y tributaria, aun cuando no representen la mejor solución desde el punto de vista urbano o de acceso a los mercados.

Ante esto, resulta estratégico para los desarrolladores incorporar, desde la fase de análisis de ubicación, un mapeo comparativo de cargas municipales entre cantones, identificar con anticipación exigencias adicionales (impacto vial, disponibilidad de servicios) y considerar escenarios alternativos de localización y diseño que optimicen tanto la carga fiscal como la logística del proyecto.

Paralelamente, la transición hacia modelos de negocio más sostenibles abre un frente adicional. Las exigencias en materia de eficiencia energética, gestión de residuos y uso responsable de materiales obligan a realizar inversiones iniciales significativas en tecnología, diseño y procesos.

En ausencia de incentivos tributarios claros, ágiles y confiables —por ejemplo, esquemas de amortización acelerada, créditos fiscales o exoneraciones parciales para edificaciones verdes y proyectos con certificaciones ambientales— muchas empresas optan por diferir este tipo de inversiones, aun reconociendo su conveniencia estratégica.

Sin embargo, desde una óptica empresarial, conviene evaluar de forma sistemática el retorno de la inversión en sostenibilidad, priorizar aquellos proyectos en los que la eficiencia energética reduzca sustancialmente los costos operativos y monitorear activamente posibles reformas que abran espacios de incentivos, de manera que la empresa esté preparada para reaccionar rápidamente y capturar esos beneficios. En este contexto, la estabilidad y la previsibilidad del sistema tributario se convierten en factores críticos para la competitividad del país.

La modificación frecuente de las reglas, junto con la discusión permanente sobre nuevos tributos o cambios relevantes en los existentes, introduce un sesgo de cautela entre inversionistas locales y extranjeros.

En una industria donde los ciclos de planificación, diseño, financiamiento y ejecución de obras se extienden durante varios años, la certeza sobre la carga impositiva futura pesa tanto como el acceso al crédito o la disponibilidad de tierra apta para el desarrollo. Para el empresariado del sector, es recomendable incorporar el riesgo regulatorio y fiscal en la evaluación de proyectos, diversificar los portafolios por tipo de obra y localización, y mantener un diálogo permanente con asesores y cámaras empresariales para anticipar cambios normativos. Contar con una política tributaria que combine recaudación eficaz, seguridad jurídica y simplificación administrativa no es un tema únicamente técnico: puede ser la diferencia entre un portafolio de proyectos dinámico y competitivo o un sector que continúa perdiendo relevancia en la economía costarricense.

A modo de conclusión, podemos apuntar lo siguiente:

• Se debe integrar el impacto tributario en la planeación financiera mediante el análisis de sensibilidad del IVA y del impuesto sobre utilidades en los modelos de flujo de caja de cada proyecto, y revisar periódicamente la rentabilidad ante cambios normativos.
• Es importante fortalecer la gestión contable y de cumplimiento: actualizar las políticas contables y contractuales, robustecer los controles internos, capacitar al personal administrativo y documentar los criterios tributarios clave con el apoyo de una asesoría especializada.
• Evaluar estratégicamente la localización del proyecto: comparar las cargas municipales (patentes, permisos, tributos, cobros por impacto vial y de agua) entre cantones desde la fase de estudio, incorporando estos costos en la decisión de ubicación y en el diseño.
• Tratar la sostenibilidad como inversión de negocio: priorizar proyectos en los que la eficiencia energética reduzca los costos operativos, dar seguimiento cercano a posibles incentivos fiscales “verdes” y preparar a la empresa para aprovecharlos de inmediato cuando se aprueben.